Fotografía: Archivo
Publicado por: Sebastián Ormazábal
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  • Precisamente a las 23 horas con 32 minutos, se produjo uno de los terremotos más devastadores del siglo XX.  Conocido como el "Terremoto de Chillán del 39", tuvo una magnitud de 8,3 grados  en la escala Richter y teniendo su epicentro cerca de la ciudad de Quirihue, producto de una ruptura de la Placa de Nazca.

    Este sismo ocurrió justo al mes de asumir la presidencia de la República Pedro Aguirre Cerda, teniendo un costo para el país de aproximadamente 30 mil muertos, según estimaciones de la prensa, aunque sólo 5 mil 685 fueron identificados.

    Adicionalmente, centenares de personas quedaron heridas, y la zona debió sufrir grandes pérdidas en la agricultura y la ganadería.

    Los testigos señalaron que la tierra comenzó a moverse lentamente hasta alcanzar la intensidad mencionada; siendo la ciudad de Chillán la más dañada, desplomándose las construcciones de sus 144 manzanas, lo que levantó una nube de tierra que tardó días en disiparse, a pesar de la lluvia veraniega que en la mañana ablandó los adobes.

    De sus casi 4 mil inmuebles quedaron en pie unos quince, entre ellos el edificio del Banco Español, la farmacia de la Plaza de Armas y las viviendas de la familia Kusacovich y Etchevers. Pero la tragedia no terminó ahí, porque minutos después del terremoto vino el fuego. Entonces Chillán se llenó de sombras largas en una hoguera que terminó por consumir los pocos restos de esperanza que le quedaban a los sobrevivientes.

    A su vez, los sobrevivientes quedaron privados de los elementos más indispensables: agua, electricidad, víveres, techo, ropas, remedios, teléfonos, etc., razón por la cual, las primeras disposiciones del gobierno fueron dotar a los aterrados ciudadanos de lo más necesario.

    Con la experiencia del terremoto de 1939 el gobierno comenzó a exigir nuevas normas de ingeniería en las construcciones. A partir de ese año casas y edificios deben contar con una estructura antisísmica.

    Se creó la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, con el objeto de ayudar a la formación de sociedades anónimas controladas por el Estado, que tengan por fin la explotación minera, hidroeléctrica y de infraestructura. El estado otorga capitales, créditos y leyes de protección.

    Además se creó la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, actual Onemi, para prestar ayuda a los damnificados. Ambas fueron activadas por ley en abril de ese año.

    Fuente: Icarito.