Martes, 10 de noviembre del 2020 · Publicado a las 12:13

Fiscalía formalizó por prevaricación a director de Obras del Municipio de San Javier

El funcionario público, Mario Navarro Pereira, está siendo investigado por supuestamente invalidar, sin fundamento legal, los permisos de edificación ya otorgados a la granja San Agustín del Arbolito

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Escrito por VLN Radio

El Ministerio Público formalizó al director de Obras de la Municipalidad de San Javier, Mario Navarro Pereira, imputándole el delito de prevaricación administrativa en grado de consumado tras la querella presentada por la empresa Agrícola Coexca S.A., la cual aseguró que el funcionario público incurrió en acciones ilegales en su contra.

En específico, la compañía indicó que Navarro habría invalidado, sin fundamento legal alguno, los permisos de edificación ya otorgados a la granja San Agustín del Arbolito, ubicada en la comuna.

Por lo anterior, la Fiscalía instruyó una investigación que concluyó en la formalización del director ante el Juzgado de Garantía. Al respecto, el abogado querellante, Darío Silva, señaló que “su actuar es constitutivo, a juicio del Ministerio Público, del delito de prevaricación administrativa, en grado de consumado, en el que le cabe a Mario Navarro su participación como autor”.

Por este motivo, precisó el jurista, también se está revisando la responsabilidad administrativa del funcionario, “dada la comisión de un ilícito en el ejercicio de sus funciones, así como también la de otros empleados municipales que pudieren haber participado en los hechos”.

En tanto, el juez de Garantía de San Javier fijó un plazo de investigación de 60 días, decisión adoptada en la audiencia y comunicada al imputado representado por la abogada de la municipalidad, Paula Troncoso.

Anteriormente, la empresa presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Talca, la que en su sentencia consignó que “los actos reclamados son arbitrarios, por no contener en sí mismos todos los fundamentos de la decisión tomada e ilegales, por vulnerar las normas del debido proceso y del derecho a la defensa”. Lo anterior fue ratificado más tarde por la Corte Suprema.

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