Lunes, 01 de agosto del 2016 · Publicado a las 17:40

Denuncian persecución y asesinato de imagen en caso “concejales viajeros”

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Escrito por VLN Radio

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    Acompañado de su abogado defensor y en dependencias de un céntrico hotel de la ciudad de Curicó, el concejal Luis Trejo Bravo (cuya militancia en el Partido Socialista está congelada), denunció estar siendo víctima de una “persecución infundada de parte de algunas instituciones judiciales”. El abogado Sergio Monsalve indicó que su cliente deseaba dar a conocer su versión sobre el caso “concejales viajeros”, al tiempo que calificó como “errado” el tratamiento judicial que han recibido. “Vamos a probar que este caso es una narración falsa, y cuyos hechos no se compadecen con lo que hasta ahora la investigación ha demostrado. Cuando se dedujo la querella, se sostuvo que los concejales se habían apropiado de más de 160 millones de pesos, lo que al concluir no es tal. Se les acusa con cifras brutales, y tras un año se comprueba que las cantidades no son esas”, dijo Monsalve. En su argumentación el jurista puso de ejemplo al concejal Leoncio Saavedra (PRSD), a quien definió como un hombre probo y honesto, y sobre el cual recae una trayectoria política de 70 años al servicio de Curicó, “él se ha visto pisoteado en su honor por la suma de 180.122 pesos, de los cuales, se supone se habría apropiado” puntualizó Sergio Monsalve. “A mi representado se le acusa de cinco presuntos delitos, y en los cuales la sumatoria de los dineros que presuntamente se habría apropiado, suman la cantidad de 870 mil 122 pesos, esa es la real dimensión de los hechos que en principio motivaron este verdadero asesinato de imagen y caza de brujas. Quiero agregar antes del juicio que estos hechos son falsos, y que además no constituyen el delito de fraude al fisco que se les ha imputado a los concejales”, puntualizó. El defensor privado agregó que lo más grave, es que habría un ánimo de “persecución infundada”, y que este estaría contaminando algunas instituciones, al tiempo que denunció actuaciones ilegales en las que habría incurrido la Fiscalía y también el Tribunal de Garantía de Curicó. “Cuando había terminado todo este ruido de las apropiaciones o del enriquecimiento gigantesco de los concejales, la Fiscalía les ofreció una salida alternativa, dada la pequeñez de los hechos que se determinaron. Sin embargo, y esto es lo preocupante, actuando en completo desconocimiento de un derecho establecido para todos los ciudadanos como es acceder a una salida alternativa, ocurrió que el Tribunal actuando en completo desconocimiento de la norma legal procesal, negó esa posibilidad argumentando que se trataba de personas electas, indicando que por esa condición debían ir a un juicio a probar su inocencia”, espetó el defensor. En esa misma línea, indicó que múltiples personas ocupando cargos de elección popular, en todo Chile, han podido acceder a las salidas alternativas, incluyendo a concejales, alcaldes, parlamentarios, y por sumas enormemente superiores a “las pequeñas cantidades con las que se pretende configurar delito”, pero además de eso, el mismo Tribunal de Garantía denegó la tramitación de un juicio simplificado al cual, por disposición legal, también tenían derecho. “Además el tribunal llegó a pedir que la Fiscalía modificase su petición de pena, eso es increíble, mientras el ente persecutor había acusado de cinco hechos cuya sumatoria de penas privativas de libertad llegaban a los 540 días, el tribunal negó a tramitación esa posibilidad, y le ordenó a la Fiscalía que acomode las penas a los hechos formalizados”, algo que calificó como “inédito, y fuera por completo de las disposiciones procesales”, por cual recurrió de apelación. Ante la orden emanada desde el tribunal, el Ministerio Público determinó elevar a 10 años y 6 meses las penas que está solicitando para el concejal Trejo Bravo, lo que fue considerado por Monsalve como una “desproporción increíble por cuanto todo el mundo sabe que, una persona que comete un homicidio simple, tiene como horizonte de pena el presidio mayor en su grado medio, es decir, de 10 años y 1 día a 20 años, por lo tanto aquí se está actuando con una desproporción que preocupa”. A juicio del abogado, estas actuaciones tanto de la Fiscalía como del Tribunal de Garantía han sido “desproporcionadas”, y aseveró que están siendo presa de una contaminación grave. En su alocución, adicionó que en el contexto de deslegitimación que hoy enfrenta la política en Chile, las instituciones deben actuar de manera recta, y no contribuir a crear una atmosfera de “odiosidad y subjetividad”, precepto que los tribunales debería aplicar con mayor celo, ya que es allí donde la “prudencia y la objetividad” deben reinar. “Esperamos que se acoja a tramitación el requerimiento de apelación que hemos presentado, para tranquilidad de todos, que se pueda revisar el proceso para que podamos optar entre el procedimiento simplificado, o haya que irse por el procedimiento ordinario. Hay personas que constitucionalmente están llamadas a ser objetivas, entre ellos el Ministerio Público, y por otra parte hay gente que está obligada a ser prudente y ponderada, esos son los jueces”, terminó diciendo Sergio Monsalve en una larga exposición frente a los medios citados a una conferencia de prensa. A su turno el concejal con militancia “congelada” en el PS, Luis Trejo Bravo, afirmó se ha querido igualar este caso con los escándalos de financiamiento irregular de la política, conocido mediáticamente como el “caso Soquimich” o el “caso Penta”, donde las cifras son estratosféricamente altas, y aun así, en esos casos los involucrados han sido beneficiados con salidas alternativas. “Nosotros vamos a insistir en nuestra inocencia, nosotros no hemos actuado  con interés o intención de defraudar, no ha habido enriquecimiento ilícito, yo no estoy pidiendo que se me exculpe, pero si quiero que se nos den las garantías de un juicio justo. Podrán existir errores administrativos, pero quiero dejar constancia de que los hechos de buena fe si existieron, por ejemplo, yo he devuelto todos los recursos utilizados en cada una de mis actividades, más allá de lo exigido, como una forma de prevenir lo que eventualmente pudiera ocurrir”, argumentó Trejo Bravo. Añadió que él y sus colegas ediles, están temerosos de la contaminación que estaría afectando el proceso judicial en su contra, ya que para ellos es sabida la existencia de “redes familiares e influencias de carácter institucionales”.    ]]>

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