Más de 9 toneladas de cables en desuso se retiraron en la región del Maule

La ley, aprobada recientemente por el congreso, establece que las concesionarias y permisionarias son responsables de la instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación, traslado y retiro de estas líneas

11 de Julio del 2019 · 12:09
Más de 9 toneladas de cables en desuso se retiraron en la región del Maule
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Después de que el Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley que regularizará el tendido de cables aéreos, las autoridades se encuentran supervisando que las concesionarias y permisionarias se hagan responsables de la instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación, traslado y retiro de estas líneas.

 

En este sentido, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Palacios, destacó los avances alcanzados por la mesa de trabajo en esta materia, que él preside. “Limpiar nuestras ciudades de escombros aéreos es una de las misiones que nos encomendó el presidente Piñera, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Chile. Por esto, destaco enormemente la labor realizada a marzo de este año, dónde se han retirado 9.405 metros de cables en desuso”.

El secretario regional agregó que el proyecto de ley, enmarcado en la política impulsada por el ministerio del ramo, fue creado porque “los cables en desuso generan inseguridad y contaminación visual, impactando de forma negativa el entorno de los habitantes de las distintas comunas de nuestra región”.

La normativa establece un plazo que no podrá superar los 5 meses para el retiro y orden del tendido, aunque esto dependerá de la complejidad del punto que se esté analizando, pues en algunos casos el lapso de tiempo será de solo algunas semanas. Además, cualquier daño o perjuicio que se genere producto de estos trabajos, será de exclusiva responsabilidad de la concesionaria o permisionaria.

En caso que estas no procedan al retiro requerido dentro del tiempo permitido, los municipios podrán retirar estos elementos a costa de aquéllas de acuerdo al procedimiento que se establezca. Además, el incumplimiento de esta obligación será sancionado de conformidad a las disposiciones de la ley N° 18.287, que establece un procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, con una multa a beneficio municipal de 100 a 1.000 UTM.

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