Fiscalía de Molina formalizó cargos contra brigadistas que habrían causado incendios en precordillera

Tres de los detenidos, quienes prestaban servicios a una empresa privada que asistió en la emergencia ocurrida en el verano de 2020, quedaron en prisión preventiva

05 de Marzo del 2021 · 18:28
Fiscalía de Molina formalizó cargos contra brigadistas que habrían causado incendios en precordillera
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Durante la mañana de este viernes, fueron puestos a disposición de la justicia siete brigadistas forestales que fueron detenidos por su presunta autoría en los incendios que afectaron a la precordillera de Molina, región del Maule, los cuales se extendieron por 76 días entre febrero y marzo de 2020.

En dicha ocasión, el fuego afectó a las localidades de Agua Fría, Alupenhue, Radal y El Toro, arrasando con casi 15 mil hectáreas de bosques nativos y plantaciones de pino insigne, generando la pérdida de estas últimas daños millonarios a dos empresas.

Tras una extensa y reservada investigación, la Fiscalía de Molina y los detectives de la Bicrim ejecutaron las órdenes de detención que pesaban en contra de los siete integrantes de la brigada de una empresa contratista, Servicios Rupanco. Según los antecedentes recopilados, éstos habrían ocasionado de forma intencional al menos cinco episodios de incendios, específicamente en Agua Fría.

Los arrestados son en su mayoría jóvenes veinteañeros, junto a un hombre mayor de edad cuyo padre y otros familiares estuvieron presentes a las afueras del cuartel de la PDI de Molina, antes de su traslado al tribunal, donde declararon a VLN Radio creer en su inocencia.

“Yo mismo estuve combatiendo con ellos ahí, en la misma empresa. Dejamos familias atrás por ir a ese incendio. La justicia culpa a los inocentes, quiero ver las pruebas que según ellos tienen”, señaló un pariente del adulto detenido.

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Posteriormente, la fiscal, Mónica Barrientos, presentó cargos por un total de cinco delitos de intencionalidad por incendios forestales en contra del grupo, siniestros que habrían sido provocados con velas encendidas.

En ese sentido, la persecutora apuntó que los antecedentes fueron reunidos tras interceptar las conversaciones telefónicas entre los imputados y usando tecnología GPS, instalada un mes antes de los sucesos a la camioneta en que se trasladaba diariamente la brigada forestal.

La fiscal precisó además que estas acciones fueron lideradas por dos de los detenidos, estableciendo que “había un interés económico, lo que hace más deleznable el hecho en sí que ya es reprobable. El tema puntual era la obtención de ganancias económicas, en el sentido de obtener ya sea reconocimiento para ser eventualmente contratados en otras brigadas y para el pago de horas extras”.

Lo anterior fue criticado por la alcaldesa, Priscilla Castillo, quien no descartó la posibilidad de ingresar una nueva querella criminal en contra de los obreros forestales.

“Recibimos esta noticia con gran expectación, porque muchos de nosotros pensábamos que esta investigación no iba a llegar a ninguna parte. Era muy difícil probar quienes habían iniciado este incendio”, comentó la autoridad local.

Asimismo, Castillo, cuestionó que “¿cómo es posible que los intereses económicos sean tan importantes para la persona por sobre la vida y la naturaleza? Arriba, tenemos quemadas 15 mil hectáreas y a estas personas no les importó nada”.

Solo en uno de los cinco incendios referidos, se consignaron daños secundarios por pérdidas de bosques valorados en $23 mil millones, además de daños a la fauna, paisaje y naturaleza del orden de $188 mil millones, según describió Barrientos.

En detalle, la fiscal mencionó que el fuego “se iniciaba a través de la utilización de elementos combustibles, en este caso velas. Las encendían y luego las dejaban en la tierra, donde hacían un hoyo y una especie de nido al lado con material vegetal. Lo prendían y dependiendo del largo de la vela, es más o menos el tiempo que se demora en provocar el incendio”.

Según trascendió en la audiencia, los detenidos tienen domicilio en Chillán, Parral y Talca. Tres de ellos quedaron en prisión preventiva y el resto con cautelares como arresto nocturno domiciliario, arraigo nacional y firma quincenal. Esto, debido a que dos de ellos prestaron una colaboración considerada sustancial en la investigación.

Las sanciones penales que arriesgan los involucrados van de 5 a 20 años de cárcel. En tanto, el tribunal fijó un plazo legal de cierre de la investigación de 60 días, según lo dictaminado por el juez, Cristián Albarrán.

La audiencia de formalización, que fue transmitida en vivo por el canal del Poder Judicial, también fue emitida por VLN Radio:

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Publicado por VLN - Radio en Viernes, 5 de marzo de 2021

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