Jueves, 05 de Septiembre del 2019 · Publicado a las 13:45

Concejal de Pencahue quedó en prisión por caso de licencias de conducir falsas

La investigación de la fiscalía de Talca determinó que José Castillo recibía hasta $300 mil por gestionar los certificados que emitía la Escuela de Conductores Santa Juana

Archivo
Escrito por Marco Díaz

Luego de un año de investigación a cargo de la fiscalía de Talca, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI detuvo a 39 personas involucradas en la compra y venta ilegal de certificados de licencias de conducir profesionales.

 

Dentro de los imputados, se encuentra un funcionario del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Pencahue y un concejal de esa comuna, José Castillo, quienes figuran como intermediarios para que las licencias fueran entregadas a cerca de treinta personas que no contaban con las condiciones de salud para conducir furgones escolares, buses y camiones, entre otros vehículos.

Según los antecedentes recabados por el Ministerio Público, cada uno de los solicitantes pagó entre $200 mil a $600 mil por este trámite. En las diligencias, también fueron detenidos una madre y su hijo, quienes son los propietarios de la Escuela de Conductores Santa Juana, de Concepción. Estos facilitaban los certificados profesionales a pesar de que ninguno de los imputados había asistido a clases.

La fiscal especialista en delitos económicos, María Lorena González, formalizó a todos los detenidos por delitos contemplados en la ley de tránsito, sumándose a los dos funcionarios municipales el delito de cohecho.

En el caso del concejal Castillo, además de infringir la ley antes señalada, está sujeto al estatuto administrativo. “Por lo tanto, hemos estimado que él con su conducta infringió gravemente las normas de probidad y los deberes de su cargo como funcionario público”, explicó González.

“Siendo una persona creíble, la gente se acercaba a él para que les gestionara estos certificados de la escuela, ideológicamente falsos, por los que pagaban al concejal una suma cercana a los $200 o 300 mil, en algunos casos. Él recababa los datos de las personas y posteriormente gestionaba con la Escuela de Conductores estos certificados, incluso se los iba a dejar a sus propios domicilios”, agregó la fiscal.

De esta forma, el tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público y dispuso la prisión preventiva del concejal, mientras que para el funcionario del Departamento de Tránsito y los propietarios de la escuela de conductores se dispuso la firma diaria ante Carabineros, además del arraigo nacional. Para la investigación, se fijó un plazo de cuatro meses.

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