Miércoles, 29 de Septiembre del 2021 · Publicado a las 12:21

Empresa contratista de Curicó es investigada por denuncia de trabajo forzado masivo de inmigrantes

El Ministerio Público está indagando a Soluciones Agrícolas SpA, la que tuvo oficinas en la comuna y que habría incurrido en una serie de prácticas contrarias a la ley laboral

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Escrito por VLN Radio

Una investigación por denuncias de trabajo forzado masivo a inmigrantes está realizando el Ministerio Público, la cual apunta contra la empresa contratista de Curicó, Soluciones Agrícolas SpA, que cerró sus oficinas en Arturo Prat 330 tras perder múltiples juicios laborales por despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales.

Los antecedentes del caso fueron expuestos este lunes por el Centro de Investigación Periodística (CIPER), en un reportaje desarrollado en colaboración con la Fundación Libera, una organización que trabaja contra la trata de personas.

Según las indagatorias del medio de comunicación, el gerente general de Soluciones Agrícolas, Francisco Segundo Mendoza Berríos, acumuló 25 demandas laborales hasta marzo de 2019 interpuestas por ciudadanos extranjeros, quienes sostuvieron que no se les pagaron millones de pesos en sueldos y leyes sociales. Además, lo acusaron de haberlos sometido a condiciones indignas que podrían constituir el delito de trabajo forzado.

El reportaje expone que en agosto de 2018 y a nombre de la empresa, Manuel Castillo Maldonado, se reunió con la entonces gobernadora, Macarena Pons y el Departamento de Extranjería y Migración de la Gobernación de Curicó. En la cita, propuso un plan masivo de ocupación de inmigrantes para la cosecha de arándanos por parte de la compañía.

Al poco tiempo después, cien personas, en su mayoría venezolanas, asistieron al Hotel Raíces para escuchar la oferta laboral. En la instancia, estuvo presente Antonio Paz Escalona, entonces coordinador del Plan Migrante del Departamento de Extranjería, quien explicó cómo debían ser los contratos, el pago de las leyes sociales y cómo funcionaba el proceso de visado.

A quienes firmaron los contratos para cosechar fruta en diferentes regiones del país, se les prometieron sueldos de entre $600 mil y $1 millón, además de alojamiento en cabañas y alimentación, sumado a la posibilidad de obtener una residencia definitiva tras dos años de trabajo.

Los documentos, notaron los extranjeros, eran similares pero los empleadores variaban, comprobándose después por el Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó que dichas empresas constituyen una unidad económica, ligadas por idénticos representantes legales o por los mismos socios. De estas, ninguna se encontraba inscrita en el Registro de Intermediadores Agrícolas de la Dirección del Trabajo, lo que es requisito obligatorio para operar.

Asimismo, los firmantes advirtieron que los contratos fijaban los sueldos en el mínimo de la época, monto que ascendía a $288 mil y estaba lejano a los $600 mil mencionados en la oferta inicial.

Las labores iniciaron en octubre de 2018 en Coquimbo, hasta donde fueron llevados los inmigrantes para cosechar arándanos en un fundo de la empresa Valles del Sur SpA. Tras un mes, solo recibieron pagos por montos inferiores de $90 mil, $50 mil y en otros casos de $30 mil, ejerciendo funciones fuera de lo establecido por las partes.

En tanto, los trabajadores debían alojar en condiciones de hacinamiento, donde hasta 14 personas compartían una sola vivienda con tres habitaciones y un solo baño. En Ovalle, sostuvieron otros denunciantes, durmieron en contenedores que no siempre tenían agua caliente o electricidad, habitando hasta 12 de ellos en una sola pieza.

Sobre la alimentación, testimonios apuntan que la comida era preparada en cocinas improvisadas en campamentos, al lado de los baños y siempre con los mismos elementos. Se les daba café o té y un trozo de pan para el desayuno, junto a pasta y arroz tanto para almuerzo como para la cena. Las jornadas, indican, empezaban a las 8:30 y se extendían hasta las 20:30 horas, incluidos algunos domingos y festivos.

Sumado a lo anterior, al menos 30 personas entrevistadas en el reportaje aseguraron haber sido amenazadas mientras trabajaron para la empresa de Mendoza, advirtiéndoseles que serían despedidos, que perderían su estatus migratorio y que no se les pagarían los sueldos pendientes.

La misma situación, indica el reportaje de Ciper, se repitió en un fundo de la Agrícola Los Robles Limitada, a kilómetros de Purranque, en la región de Los Lagos. Por ello, en febrero del 2019, la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno se presentó en el campamento donde, además de constatar condiciones insalubres para 200 trabajadores, se detectó que las distintas empresas estaban relacionadas entre sí.

Todas las compañías fiscalizadas fueron sancionadas, por incumplir normas sanitarias al “no proveer condiciones mínimas de campamento”. Pese a ello, solo recibieron multas por incumplimiento administrativo ya que los hechos no fueron denunciados ni a la Brigada Investigadora de Trata de Personas ni al Ministerio Público.

Después de la experiencia en el sur, los extranjeros que aceptaron seguir trabajando fueron trasladados a Curicó, asignados a packings de uva y cosecha de manzanas. Al ser citados por Manuel Castillo para recibir el pago de febrero de 2019, los montos no fueron los prometidos y varios de los perjudicados interpusieron la demanda en la Inspección del Trabajo.

Como consecuencia, Castillo despidió bajo argumento de “necesidad de la empresa” a todos los que firmaron en su contra. Ciudadanos haitianos, en tanto, fueron obligados a firmar una carta de renuncia a cambio de $100 mil.

Ante las 25 demandas laborales por despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales, ni Mendoza ni tampoco ninguno de los representantes legales de la red de empresas se presentaron a los juicios, siendo declarados culpables “en rebeldía”, según las cinco sentencias que fallaron los casos.

La condena establece se debe pagar todo lo adeudado en remuneraciones, aviso previo, vacaciones, cotizaciones impagas y horas extras. Los montos van desde los $7 millones a los $17 millones. Además, siete empresas fueron sancionadas por la Inspección del Trabajo por un total de 288 UTM.

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