Contraloría inició proceso invalidatorio a licitación pública para reparación de Iglesia El Carmen

En el informe del organismo, la Municipalidad de Curicó reconoce que no cumplió con su obligación legal de entregar información al Consejo Regional del Maule antes de conceder la adjudicación
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Publicado por: Vivimos La Noticia

Mediante una resolución adoptada el pasado 1 de agosto, la Contraloría Regional del Maule decretó el inicio del proceso invalidatorio de la licitación pública que destinaba millonarios recursos financieros para la reparación final de la Iglesia El Carmen, en Curicó.

 

La medida del organismo se adoptó luego de la denuncia presentada en Talca por el concejal, Francisco Sanz, en la que dio cuenta de las irregularidades en el proceso. En esta, también se hizo presente el hallazgo de documentos falsos que supuestamente fueron entregados por la constructora, Digeco SpA, empresa que se había adjudicado la realización de las obras.

En la determinación de la Contraloría, la Municipalidad de Curicó reconoce que no cumplió con los pasos establecidos en la ley. Según esta, debía remitir al Gobierno Regional, en forma previa a la adjudicación, una copia del informe técnico de evaluación, de la publicación, acta de apertura, bases administrativas, especificaciones técnicas y los documentos que conforman las ofertas. Lo anterior, ya que el GORE es mandante y financia el proyecto.

Sin embargo, en la resolución no existe una decisión respecto de la presentación de los supuestos certificados falsos presentados por Digeco SpA, aduciendo que esa será materia propia de investigación por parte del Ministerio Público, ya que los hechos podrían revestir carácter de delito.

Sobre esta última situación, el informe también señala que, por esta razón, el municipio suspendió la adjudicación y suscripción del proyecto de dicho contrato.

Respondiendo al proceso disciplinario pedido por el concejal Sanz, la Contraloría Regional señaló que es la autoridad municipal quien tiene la facultad para ponderar la pertinencia de algún procedimiento para investigar los hechos. Esto ya se inició por parte del alcalde, Javier Muñoz, quien dispuso un sumario el pasado 30 de mayo.

Finalmente, el documento firmado por el contralor, Daniel Fernández Vega, dice que  el decreto adjudicatorio de la licitación, N° 999 de 2019, fue dejado sin efecto por su similar N° 4.351, quedando además anulada la orden de compra emitida por la municipalidad, calificada como improcedente ya que estas deberán emitirse de acuerdo al contrato vigente.

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