Salida alternativa para senador Juan Castro investigado por cohecho

Tras las alegaciones correspondientes, los querellantes en el denominado caso “CTS” se opusieron a salidas alternativas.

Tanto los abogados defensores como los imputados Juan Castro (Senador en ejercicio), Juan Carlos Díaz (alcalde de Talca), Juan Valdebenito (consejero regional) y el empresario Cristián Tizza, aceptaron las condiciones.

Lo anterior, en una causa que se sigue contra estas personas por delitos de cohecho, soborno, negociación incompatible y malversación en que se vieron involucrados, en diferentes hechos y grados de responsabilidad.

De esta manera, el Tribunal de Garantía optó aplicar las siguientes medidas:

1. Fijar 2 años de plazo de observación.
2. Control de firma cada 6 meses.
3. Realizar un aporte de 5 millones de pesos por cada imputado a la Ilustre Municipalidad de Talca.
4. Realizar un aporte de 3 millones de pesos por cada imputado al Hogar del Buen Samaritano de Molina.
5. Acreditar la realización de un curso a costo de un mínimo de 16 horas acerca de registro y control municipal.

Es decir, les corresponderá pagar 25 millones de pesos como aporte al Municipio de Talca, 12 millones más para un Hogar de Ancianos de escasos recursos en Molina y 20 millones como inversión para ejecutar un plan de reciclaje  en el sector Villa Francia.

En total son 57 millones de pesos.

Para el abogado querellante Fernando Leal “vamos a estudiar la resolución, pero existe la convicción de que vamos a recurrir ante la Corte de Apelaciones. La magistrado en conocimiento de que estos eran hechos de corrupción, ha aceptado una salida de alternativa que a nuestro juicio viola la verdad. Es el derecho que está establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hace necesario que tanto la ciudadanía como la sociedad cuando hay delitos de corrupción y autoridades públicas involucradas puedan tener acceso a los antecedentes. Para ello es fundamental que se lleve a cabo un Juicio Oral en donde las personas se informen si efectivamente el órgano y el órgano jurisdiccional están cumpliendo con su rol”.

En tanto, el Fiscal Regional Mauricio Richards precisó “que teniendo presente el principio de objetividad  que regula el actual del Ministerio Público y el de igualdad ante la ley, sin perjuicio de la gravedad de los delitos que se había formalizado e investigado y cumpliéndose los  principios legales se accedió a una salida alternativa. En cuanto a las condiciones que se propusieron lo que el tribunal ha resuelto son bastante similares e incluso un poco más gravosas de lo propuesto. Sin bien estos delitos son de alta connotación y de gravedad, las penas a las cuales se pueden acceder son bastante bajas y por lo tanto las condiciones de alguna manera tienen relación al quantum de las penas que se podrían haber obtenido de obtener una sentencia condenatoria en un juicio, lo que es una de las posibilidades que podía ocurrir.  Hay un monto total de más de cincuenta millones de pesos que en definitiva va a ser indemnizada a la municipalidad y una institución de beneficencia para ancianos terminales, así que creemos que la resolución se ajusta a la petición de la fiscalía y al mérito de los antecedentes”

Los imputados deberán someterse a charlas en diez colegios de Talca y a diez comunas maulinas  sobre materias relacionadas con el reciclaje de basura.

Tendrán además que asistir a un curso sobre regulación y control de administración municipal, a lo cual se sumará la entrega de cuarenta ejemplares sobre la nueva Ley de Reciclaje y control de firma.