Martes, 21 de Diciembre del 2021 · Publicado a las 17:43

Corte Interamericana de DD.HH. ordenó al Estado pagar indemnización a 846 profesores por Deuda Histórica

El tribunal internacional señaló que existe responsabilidad por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y a la propiedad de los docentes, entre otros argumentos

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Escrito por VLN Radio

Este martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización a 846 profesoras y profesores de las comunas de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes, quienes recurrieron al organismo para exigir una solución a la denominada Deuda Histórica.

Lo anterior tiene su origen en el traspaso de las escuelas y liceos públicos a los municipios, en plena dictadura, cuando mediante la promulgación del Decreto Ley 3.551, en su artículo 40, se creó una asignación especial no imponible para las y los docentes dependiente del Ministerio de Educación a contar del 1 de enero de 1981.

Pese a lo anterior, aquellos trabajadores transferidos del Estado a las municipalidades no recibieron este dinero, 13 mil de los cuales fallecieron esperando que esto les fuera saldado.

En razón de lo anterior, un grupo de profesores, representados por los abogados, Ciro Colombara y Giampiero Fava, demandaron al Estado de Chile por el incumplimiento de 13 fallos judiciales ejecutoriados entre 1993 y 1997, que ordenaban el pago de cerca de $72 mil millones en asignaciones.

En su veredicto, la Corte apunta a la responsabilidad por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y a la propiedad de los docentes, así como del deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores.

Entre las medidas reparatorias a las y los docentes, el tribunal ordenó al Estado pagar directamente a las víctimas del caso o a sus derechohabientes, las sumas todavía debidas en tres tractos anuales. Además, deberá publicar el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial y un diario de amplia circulación nacional, publicar la sentencia en su integridad en un sitio web oficial de su dominio y realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del caso.

A lo anterior, se suma la implementación de garantías de no repetición, la creación y ejecución de un plan de capacitación junto a la sensibilización a los operadores judiciales sobre el acceso a la justicia de las personas mayores.

Según indicó a La Tercera el abogado Colombara, durante estos casi 30 años desde el decreto ha muerto al menos un cuarto del total de afectados, quienes son “adultos mayores, golpeados por pensiones miserables y, hoy día, por la pandemia. Son ciertamente un grupo vulnerable”. Asimismo, agregó que 324 profesores tienen entre 70 y 79 años de edad, mientras que 146 tienen más de 80 años.

“Hubo mala fe del Estado, nunca hubo voluntad real de avanzar en un acuerdo. Incluso, en la etapa final el Estado pidió prórroga para hacer un planteamiento a los docentes, lo que nunca hizo. Y cada día y mes fallecían peticionarios”, acusó el jurista.

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