Lunes, 04 de Octubre del 2021 · Publicado a las 16:12

Presidente Piñera descartó delitos en venta de acciones de Dominga desde su familia al “Choclo” Délano

El mandatario negó que en el contrato, por el que su familia traspasó las acciones que tenía en la minera a cambio de 152 millones de dólares bajo la condición de que el sitio de instalación no fuera declarado reserva natural, existan actos ilícitos

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Escrito por VLN Radio

Tras la publicación de la investigación sobre los “Pandora Papers”, en la cual figuran detalles de la venta de acciones de la Minera Dominga realizada por parte de la familia Piñera Morel a Carlos Alberto “Choclo” Délano, el Presidente, Sebastián Piñera, se refirió al tema en una conferencia de prensa desde La Moneda.

La revelación de detalles de estos documentos a nivel mundial, indagados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, tiene como fuente los datos confidenciales de 14 bufetes de abogados que crearon sociedades en territorios como las Bahamas, Islas Vírgenes Británicas y Panamá.

En Chile, fue el Centro de Investigación Periodística (Ciper) y la fundación LaBot, quienes difundieron parte de esta información en la que se expone el contrato de compraventa de acciones de Dominga, entre las familias Piñera Morel y Délano, realizado en diciembre de 2010.

Hasta ese momento, el ahora Presidente de Chile y su familia eran accionistas mayoritarios con el 33% de Minería Activa Uno Spa, creada en 2008 por la corredora de bolsa Larraín Vial para invertir en proyectos mineros desde la etapa de prospección.

En tanto, “Choclo” Délano, quien poseía el 26% de la empresa, compró todas las participaciones incluida la de los Piñera Morel, esta última por un total de 152 millones de dólares. La operación se realizó en las Islas Vírgenes, pagándose en dicho lugar 138 millones y en Chile el remanente de 14 millones de la moneda norteamericana. Posteriormente, todos los inversionistas habrían obtenido una ganancia de mil por ciento (1.000%) en tan solo 18 meses.

Según el contrato, el pago a la familia presidencial se realizó en tres cuotas, siendo la primera de 106,8 millones de dólares al firmar y la segunda por 21 millones, entregada el 18 de enero de 2011.

Sin embargo la tercera parte del monto pactado quedó pendiente hasta el 31 de diciembre de 2011, cuando Piñera ya era Presidente, sujeta a la condición de que el Estado no declarara como reserva natural la zona donde se emplazará el megaproyecto minero en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo, lo que efectivamente no ocurrió. Con ello, se posibilitó su instalación en dicha zona y se dio curso al pago.

Sobre ello, el mandatario indicó este lunes que “desde abril del año 2009, hace ya más de 12 años y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado”.

“(…) en forma voluntaria, constituí fideicomisos ciegos para la administración de todos los activos financieros”, sostuvo Piñera, recordando que su esposa e hijos también hicieron esto “como una muestra de transparencia”. Sin embargo, como indica el reportaje de Ciper, estos solo contienen las inversiones en la bolsa chilena y dejan fuera otros activos como las inversiones en el exterior.

El Presidente aseguró que “a partir de esa fecha, no tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas, las cuales fueron y son gestionadas por sus respectivos directorios y por una administración profesional”, por lo que descartó cualquier conflicto de interés.

Pese a lo dicho por Piñera, los documentos filtrados muestran que sus cuatro hijos reconocen que la fuente de sus activos en las Islas Vírgenes Británicas son los negocios de su padre. Esto, por una donación de este último y los intereses de capital de Bancard por la venta de Transbank y Fincard, además de la venta de las acciones de Lan Airlines, Chilevisión, Entel y Antarchile.

Sobre la eventual comisión de delitos en la compraventa, el mandatario apuntó que en 2017 los tribunales de justicia ya habrían investigado la totalidad de los hechos descritos en los “Pandora Papers”, decretando el sobreseimiento de la causa, ya que “la venta se ajustaba plenamente a derecho, por la inexistencia de cualquier delito y por haberse declarado judicialmente la inocencia de este Presidente”.

“(…) me parece inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país, descartando la existencia de cualquier irregularidad o delito”, concluyó Piñera.

Si bien desde diversos sectores del Congreso se ha anunciado una posible acusación constitucional contra el Presidente, el Ministerio Público ya asumió su posición. Esto, ya que el fiscal nacional, Jorge Abbott, instruyó este lunes a la Unidad Anticorrupción analizar los antecedentes que existen sobre la operación financiera.

Dentro de las líneas de indagatorias, se busca definir si es que existe algún delito tributario, una negociación incompatible y un eventual tráfico de influencias que podrían ya estar prescritos.

Asimismo, en el supuesto de que haya una evasión de impuestos por la compraventa en Islas Vírgenes, reconocido paraíso fiscal, es necesario que el Servicio de Impuestos Internos (SII) ejerza una acción judicial.

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