Miércoles, 23 de Septiembre del 2020 · Publicado a las 11:37

Cámara de Diputados despacha proyecto que sanciona el negacionismo ante violaciones a derechos humanos

La iniciativa pasó al Senado para su segundo trámite legislativo.

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Escrito por VLN Radio

Este martes, la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de ley que establece sanciones por conductas de incitación al odio y violencia física, como también, al negacionismo relacionado con las violaciones a derechos humanos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

En la votación, se aprobó el numeral 1 y 4 del artículo N°1 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, con las modificaciones introducidas por su segundo informe. Por otra parte, otras 7 enmiendas fueron rechazadas por la Cámara, en su mayoría, relacionadas a la incitación de violencia física y odio.

En tanto, Camila Flores, diputada de Renovación Nacional, hizo reserva de constitucionalidad argumentando que la medida "vulnera el derecho a la libertad de opinión y de pensamiento".

"Además de que esta norma es discriminatoria porque se aboca principalmente a determinados hechos y no a hechos generales vividos en nuestro país. Además creemos que atenta incluso a la libertad de cátedra y evidentemente hay que tener en consideración que existen derechos fundamentales como es la libertad de conciencia que están siendo vulnerados desde nuestro punto de vista", sostuvo Flores.

El texto propone sancionar a personas que públicamente inciten "directamente al odio en contra de un grupo de personas o de un miembro de tal grupo, basado en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad".

Asimismo, el texto castiga a cualquier individuo que "a través de cualquier medio justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990" sin perjuicio de los informes que reconocidos por el Estado sobre la materia.

Para este delito se establece una pena de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años), y multa de 40 a 60 UTM.

Por otra parte, el delito de incitación de violencia y/o al odio, establece una pena de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años), y multa de 40 a 60 UTM, siempre que dichos actos perturben el orden público o bien impidan, obstruyan o restrinjan de forma ilegítima el ejercicio de un derecho por parte de el o los ofendidos.

Además, se indica que la sanción se agravará en un grado si la conducta es cometida por un funcionario público, quien sufrirá la pena de inhabilidad absoluta temporal, en su grado mínimo, para ejercer funciones públicas.

La iniciativa fue ingresada en septiembre de 2016, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet en el contexto de la conmemoración de 44 años de la Dictadura Militar de Augusto Pinochet. En julio de 2018, durante el mandato de Sebastián Piñera, se presentó una indicación sustitutiva para finalmente ser aprobado en general por la Cámara el 9 de enero de 2020.

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