El día de ayer, la Corte Marcial revocó la prisión preventiva solicitada por la ministra Romy Rutherford para cuatro de los seis militares encausados por el delito de malversación de caudales públicos.
El pasado 6 de agosto, la ministra Romy Rutherford encausó a seis inculpados por el delito de malversación de caudales públicos por un total de $16 mil millones, por lo que dictó la prisión de los militares.
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Entre los militares encausados, se encuentran dos miembros activos del Ejército de Chile: Cristobal Butti (coronel), por más de mil millones de pesos; y Paulo Rosas por una cifra superior a los $3,5 millones.
Sin embargo, el día de ayer, la Corte Marcial revocó esta medida para ambos efectivos y dos uniformados en retiro: el coronel (R) Jorge Rojas y el coronel (R) Jorge Cortés. La decisión de la Corte fue unánime, por lo que se ordenó la libertad de los cuatro militares recluidos desde el viernes en el Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército, en Peñalolén.
El fraude en el Ejército ya suma más de 40 investigaciones en curso. Una de ellas ya se encuentran en su etapa de resolución y otros en pleno desarrollo.
Ministerio Público
En tanto, el Ministerio Público tomará declaración a más de 110 uniformados.
Carlos Palma, fiscal del organismo público, investiga desde el 2018 el fraude al Fisco por parte de efectivos militares, a través del Fondo de Ayuda Mutua (Fam), una especie de sistema informal de ayuda solidaria que operaba en la institución.
Esta semana, el caso se reactivará y el persecutor citará a 114 personas, entre ellos efectivos activos y en retiro del Ejercito. La gran mayoría se trata de militares retirados de la institución, dónde destacan 40 generales y más de 60 coroneles.
Ejercito de Chile fue notificado y afirman estar con toda la disposición de ayudar al Ministerio Público en toda información que sea requerida.
Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)